SENTENCIAS DROGOTEST

SENTENCIA nº 485/202 del 30 de mayo de 2022. Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 24 de Madrid. DROGOTEST

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

El expediente administrativo resulta de tal parquedad que solo consta de 9 folios, constando solo un boletín de denuncia en el que se describe la conducta infractora, pero en el que no se detalla nada sobre el análisis o prueba salival para la detección de la presencia de drogas conforme al artículo 14.2 del TRLSV, ni el dispositivo utilizado (ex artículo 14.3 del mismo cuerpo legal), ni el posterior análisis de la muestra salival con los dispositivos empleados y el control metrológico correspondiente de cada uno de ellos conforme exige la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, estando claramente ante instrumentos de medida, sea cual sea el aparato empleado o equipo de screening, que según conocida experiencia cuenta con unos puntos de corte y unos parámetros de medición. Sin ese control metrológico no puede garantizarse la certeza y corrección del resultado medido conforme a los parámetros admitidos científicamente, enervándose así la presunción de objetividad y exactitud que se inferiría de ello, a pesar de que el tipo infractor previsto en los artículos 14 y 77.c) del TRLSV queden consumados con la mera presencia de drogas en el organismo. Tampoco consta el documento que acredita que se ha guardado la cadena de custodia de la prueba salival obtenida al demandante durante el periodo de tiempo transcurrido entre su toma el día de los hechos y el ulterior análisis de laboratorio, como así sucede y consta en otros expedientes administrativos sancionadores en relación con este mismo tipo infractor y que son frecuentemente enjuiciados en esta misma sede jurisdiccional.

PARTE DISPOSITIVA

Que, ESTIMANDO EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO interpuesto por la representación procesal de D. XXXXX contra la actuación administrativa identificada en el encabezamiento de esta sentencia, DEBO ANULAR Y DECLARAR NO AJUSTADA A DERECHO DICHA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, anulando la sanción impuesta y reconociendo el derecho del demandante a ser reintegrado de la sanción económica consistente en la multa de 500 € ya abonada así como de los 6 puntos del carnet de conducir si han sido detraídos, con cancelación de todo registro público en caso de haberse efectuado, más los intereses legales y los intereses de mora procesal en los términos expuestos en la presente sentencia. Todo ello con expresa condena en costas a la Administración Pública municipal demandada, en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Cuarto de esta sentencia.


SENTENCIA nº 155/2022 de 14 de junio de 2022. Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Palencia. DROGOTEST

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La argumentación vertida por cada postulación, pese a sus respectivos esfuerzos, tiene muy corto recorrido ya que, a fin de cuentas, resulta que el boletín originario de la denuncia se data el 14 de noviembre de 2021, a las 3:35 horas, habiéndose tomado la muestra en esa misma fecha 14 de noviembre de 2021, a las 3:20 horas; sin embargo, en el informe del laboratorio SYNLAB se indica como “fecha toma de muestra 13/11/2021 03:30”, la misma que se hace constaren en la “hoja de toma de evidencias/muestras y cadena de custodia”, extendida el 22 de noviembre de 2021, con la particularidad de que dentro de este documento la hora discrepa de las 03:30 a las 03:40 horas, siendo las 04:00 del 13 de noviembre de 2021 la hora de “traslado y depósito en base”. Así las cosas, tales incidencias lo que denotan es que el análisis del laboratorio se efectuó sobre una muestra tomada en una fecha distinta y anterior a la del día en que se expidió el boletín originario de denuncia y, asimismo, se entregó al Sr. Matellanes Madrigal el ticket de control, que él mismo firmó. Por consiguiente, la infracción sancionada se queda sin prueba de cargo, mínima, legal y bastante para desvirtuar la presunción de inocencia.

FALLO

Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXX declaro no ser conforme a derecho, en lo aquí debatido, el Acuerdo de 21 de Diciembre de 2021 sobrevenido del boletín de denuncia expedido en fecha 14 de noviembre de 2021 por la comisión de una falta muy grave, recaído en el expediente con referencia no 34-070-1230607 de la Jefatura Provincial de Tráfico de Palencia, por el que se impuso al Sr. XXXXX una sanción de multa de 500 euros por “circular con el vehículo reseñado teniendo presencia de drogas en el organismo”, que se anula por no resultar ajustado al ordenamiento jurídico. Que, en virtud del precedente pronunciamiento, se condena a la Administración estatal a reintegrar al Sr. XXXXX el importe principal de 500 euros, que ha sido abonado, más los intereses legales devengados desde su ingreso hasta la fecha de notificación de esta sentencia. Que, igualmente, en el caso de haberle sido detraídos, la Administración estatal procederá a la devolución al Sr. XXXXX de los seis puntos del permiso de conducir. Se hace imposición de las costas procesales a la Administración.


SENTENCIA nº 200/2021 de 27 de diciembre de 2021. Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Mérida. DROGOTEST

FUNDAMENTOS JÚRIDICOS

«Cuestión distinta es la relativa a la cadena de custodia de la muestra de saliva obtenida. Dice la Administración que la misma queda acreditada por lo dicho por el laboratorio en el informe que obra al folio 9 del expediente que revisamos; en dicho informe, al respecto, se señala que “dichas muestras han sido recibidas siguiendo el protocolo de custodia marcado, en el que figuran identificas las personas que han estado en contacto con las mismas”.

Como bien dice el recurrente, dando aquí por reproducidas todas las sentencias recogidas en el recurso que principió los presentes autos, tal manifestación en modo alguno viene a acreditar el cumplimiento de la cadena de custodia; véase como la afirmación recogida en dicho documento es un mero estereotipo, incluso se habla de sustancias tanto en singular como en plural, para, con el mismo modelo de informe, pretender dar cobertura a supuestos diferentes.

Tal manifestación, en modo alguno viene a acreditar de manera idónea el cumplimiento de la cadena de custodia; bien fácil le habría resultado a la Administración haber presentado prueba al respecto, limitándose a dar por reproducido el expediente objeto de revisión, expediente, por otro lado, a todas luces insuficiente incluso desde el punto de vista formal (véase como en el expediente remitido al Juzgado la Administración ni siquiera se ha molestado en remitir la resolución sancionadora y que ahora se recurre).

Tal motivo ya sería suficiente como para estimar las pretensiones del recurrente, debiendo añadir, como pone de  manifiesto el recurso objeto de autos, que se desconoce el autor del informe obrante en el expediente administrativo sin que aporte nada el hecho de que la dirección del laboratorio sea del Dr. Jordi Huguet Ballester, aquí no se trata de saber quién es el director de un laboratorio sino de saber a ciencia cierta, con nombres y apellidos, quien ha sido el facultativo que ha elaborado el informe sobre el que la Administración fundamenta una sanción como la impuesta en el expediente revisado.”

FALLO

Que debo estimar y estimo el recurso contencioso- administrativo presentado contra la resolución identificada en el fundamento jurídico primero de la presente, declarando nula la resolución recurrida por ser contraria a derecho, con imposición de costas a la Administración demandada, teniendo en cuenta el límite señalado en el cuerpo de la presente.


SENTENCIA nº 177/2018 de 21 de mayo. Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Vitoria-Gasteiz. DROGOTEST

“CUARTO.- Ahora bien, en lo que respecta a la falta de acreditación de que se haya garantizado la cadena de custodia, debe estimarse el recurso en este punto. A este respecto, el art. 796.1.7 de la LECrim aplicable al caso de autos establece lo siguiente: «Las pruebas para detectar la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los conductores de vehículos a motor y ciclomotores serán realizadas por agentes de la policía judicial de tráfico con formación específica y sujeción, asimismo, a lo previsto en las normas de seguridad vial. Cuando el test indiciario salival, al que obligatoriamente deberá someterse el conductor, arroje un resultado positivo o el conductor presente signos de haber consumido las sustancias referidas, estará obligado a facilitar saliva en cantidad suficiente, que será analizada en laboratorios homologados, garantizándose la cadena de custodia».

Pues bien, la normativa de referencia establece que el análisis se hará » garantizándose la cadena de custodia». La afirmación por un laboratorio particular de que se ha cumplido con la cadena de custodia puede servir de elemento indiciario para darla por cumplida cuando nada se cuestione al respecto. Pero si el interesado manifiesta expresamente que no consta acreditada dicha cadena, es obvio que la Administración debe aportar la acreditación. La cadena de custodia no se acredita por la afirmación apodíctica de un particular sino por la certificación administrativa que exprese, aparte de la identificación de la muestra, la identidad de todos los custodios y las circunstancias de tiempo y lugar del transporte, entregas y conservación realizadas. Se trata de un documento sencillo pero que la Administración debe ofrecer al que pone de manifiesto su ausencia cuando resulta que solo hay una prueba de cargo y la regularidad de la misma depende de ello. En el caso de autos, no consta ni oficio remitido por la Administración al laboratorio que practicó la prueba en el que se constate la identificación de los datos de la prueba, los agentes encargados de su custodia, no constando tampoco ni el medio a través del cual se remitió la muestra, ni se identifica quién procedió a su entrega y conservación. Así pues, procede la estimación del recurso de contencioso-administrativo, dado que si la única prueba de cargo no es admisible el principio de presunción de inocencia queda vulnerado si se sanciona sobre su base.”


SENTENCIA nº 218/2018 de 3 de diciembre. Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Salamanca. DROGOTEST

“Por el demandante se alega ausencia de documento acreditativo de que se haya guardado la debida cadena de custodia en la remisión al laboratorio especializado de la muestra tomada por los agentes.  Sobre este particular, como se ha indicado en el fundamento anterior, es esencial que se garantice debidamente la cadena de custodia, lo cual es una exigencia legal.

Pues bien, en este caso no consta acreditado que dicha cadena de custodia haya sido garantizada por cuanto no consta documento alguno en el que por la Administración se indique la identidad de los datos de la prueba, lo agentes que custodiaron la muestra, medio a través del cual se remitió la muestra ni cómo ha sido conservada. En definitiva, no consta dato alguno del que pueda inferirse que se ha dado cumplimiento al mandato legal.

Así, únicamente obra en el expediente el informe del Laboratorio SYNLAB en el que se indica que las muestras han sido recibidas siguiendo el protocolo de cadena de custodia marcado. Sin embargo, no existe prueba alguna de este hecho pues nos encontramos ante una mera manifestación del laboratorio sin que conste certificación administrativa comprensiva de los datos anteriormente indicados (identificación de la muestra, de los custodios, etc). Merece destacarse que el Tribunal Supremo en la STS de 26 de marzo de 2013, núm. 308/2013 declara que: “… es exigible hoy también asegurar y documentar la regularidad de la cadena para garantizar la autenticidad e inalterabilidad de la fuente de prueba.

En atención a lo expuesto, el recurso ha de ser estimado.”


SENTENCIA nº 43/2021 de 24 de febrero. Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Ávila. DROGOTEST

“Al respecto, debe decirse que en el presente supuesto, no ha quedado desvirtuado el principio de rango constitucional de presunción de inocencia por prueba de cargo bastante, existiendo únicamente en el expediente administrativo el boletín de denuncia y el informe del Laboratorio Synlab, siendo un escueto expediente en el que faltan datos y documentos necesarios en infracciones como la que nos ocupa, como lo son cuál ha sido el aparato medidor de la prueba indiciaria y sobre todo falta la hoja de toma de evidencias/muestras y cadena de custodia, de manera que no puede afirmarse que la denuncia que nos ocupa goce de presunción de veracidad y acierto, habiéndose desvirtuado en el caso el principio de presunción de inocencia.”


SENTENCIA nº 97/2016. Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Zaragoza. DROGOTEST

El test previo  confirma la presencia de cannabis; si bien no consta en el expediente el resultado del informe del Laboratorio al que se remite la prueba. Laboratorio, que por otro lado no consta que  esté acreditado para realizar ese tipo de análisis con efectos auxiliares de pericias técnicas de carácter público, y dado su carácter privado no consta que se haya guardado la debida «cadena de custodia» de las pruebas entregadas por la autoridad pública.”


SENTENCIA de 14 de marzo de 2016. Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 23 de Madrid. DROGOTEST

“Desde nuestra consideración no puede considerarse válido el análisis realizado por una entidad privada cuya identificación y validación de dicha actividad no aparece en el expediente ni asimismo, la titulación y las características personales de quien realiza el análisis ni tampoco el título jurídico por el que se realiza dicho encargo ni las condiciones eventuales de actuación para la Administración.”


SENTENCIA nº 161/2017. Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Pontevedra. DROGOTEST

Sobre todo en supuestos como el del cannabis pues si bien en el resto de este tipo de sustancias la proporción de drogas en la saliva está en relación con la existente en la sangre del sujeto sin embargo esta es una excepción (el tetrahidrocarbocannabinol, THC, principal componente psicoactivo en el cannabis y en el caso de las benzodiacepinas); cosa que supone dificultades para detectar correctamente su presencia en el organismo y que puede provocar una mayor cantidad de falsos positivos.

Cosa que aconsejaría extremar las precauciones a la hora de asegurar el buen funcionamiento de los aparatos empleados en el proceso de detección de la droga, que necesariamente, por ese motivo y porque así lo exige la propia norma, debería ser sometido a control (metrológico), para evitar que se pueda estar dando positivo incluso durante varios días o semanas después del consumo cuando ya el sujeto no es consciente de la presencia de esa droga en su organismo en términos que le permitan razonar la oportunidad de no conducir ningún vehículo y que por tanto excluyan del todo la culpabilidad que debe presidir cualquier conducta infractora susceptible de sanción.

Y no consta en este expediente ninguna certificación oficial o de otro tipo de la que pueda deducirse el correcto funcionamiento del aparato detector y por tanto que se ha sometido siquiera a algún tipo de control destinado a asegurarlo.

A lo que hay que sumar las diferencias de positivos que se habría advertido en este caso entre el que ofreció el test salivar en la primera muestra, el día de extensión de la denuncia, y el que ofreció la analítica en laboratorio, que serviría para empeñar seriamente el supuesto correcto funcionamiento, calibrado, control, al que hubiera podido verse sometido el aparato detector inicial con el que se formuló la denuncia.

Cosa que obliga, por un elemental principio de presunción de inocencia que hay que respetar en la tramitación de estos expedientes, a la anulación de la resolución sancionadora.”

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