Alarma Alquileres (parte 1) ¿Me pueden echar de casa durante el estado de alarma por no pagar el alquiler?

 

El día 31 de marzo se aprobó el Real Decreto Ley 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID 19.

En esta norma se aprueban un montón de medidas de distinto tipo, y en concreto, la medida que hemos podido ver en los medios de comunicación con titulares como “el gobierno aprueba la paralización de los desahucios por 6 meses”, y que vamos a ver en qué consiste exactamente, consta en el artículo 1:

«Artículo 1. Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.»

En primer lugar, la mayoría de los lectores de este artículo ya supondrán o conocerán sobradamente lo que significa, pero conviene aclarar algún matiz. Un desahucio es el nombre del procedimiento judicial existente en España mediante el cual el propietario de un inmueble que lo ha alquilado o arrendado a otra persona, puede reclamar el dinero que se le haya dejado de pagar por el alquiler, y además, recuperar la posesión de ese inmueble si el inquilino no lo abandona. Es decir, en general, los procedimientos de desahucio casi siempre vienen de un alquiler, mientras que los procedimientos por no pagar las hipotecas son las ejecuciones hipotecarias.

En segundo lugar, muchos os preguntareis qué significa eso de «suspensión de los lanzamientos». Pues bien, el lanzamiento judicial es el nombre que la ley le da al trámite concreto, dentro del procedimiento de desahucio, y que consiste en que se desplace la comisión judicial a la vivienda, acompañados de la policía y de un cerrajero, para, literalmente, echar a los inquilinos, cambiar la cerradura y devolver el inmueble a su propietario.

 

 

Una vez aclarado esto, empezamos a leer el Artículo 1:
«1. Una vez levantada la suspensión de todos términos y plazos procesales por la finalización del estado de alarma, en la tramitación del procedimiento de desahucio regulado en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, derivado de contratos de arrendamiento de vivienda sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los que la persona arrendataria acredite ante el Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva, esta circunstancia será comunicada por el Letrado de la Administración de Justicia a los servicios sociales competentes y se iniciará una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento. Si no estuviese señalado, por no haber transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 440.3 o por no haberse celebrado la vista, se suspenderá dicho plazo o la celebración de la vista hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales competentes estimen oportunas, por un periodo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley.»

Si leemos el primer apartado «1. Una vez levantada la suspensión de todos términos y plazos procesales por la finalización del estado de alarma“, podemos deducir que esta medida va a ser de aplicación con posterioridad a que finalice el Estado de Alarma, ya que el artículo nos dice “una vez levantada la suspensión de todos los términos y plazos procesales por la finalización del estado de alarma”.

¿Qué significa esto? Pues significa que tenemos que ir a otra norma para comprender esto. Y esta norma es el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, (el primero de todos del estado de alarma) por el que se declaraba el estado de alarma, y en el que ya se establecía la suspensión y la paralización de todos los procedimientos judiciales en curso mientras continúe vigente la declaración de alarma (salvo algunas excepciones que se consideran urgentes) que es precisamente lo que significa la “la suspensión de todos los términos y plazos procesales”. De la misma forma que se suspenden los procedimientos en curso, tampoco se admitirían asuntos nuevos que no se consideren urgentes.

Es decir, mientras dure el Estado de Alarma, todos los procedimientos (salvo los considerado urgentes) incluidos los de desahucio, quedan suspendidos, y la iniciación de nuevos procedimientos no será posible.

Por tanto no debemos confundirnos, no es que se haya aprobado esta medida de paralizar los desahucios durante los próximos seis meses, sino que se suspenden durante los 6 meses que sigan al estado de alarma (cumpliendo unos requisitos que veremos más adelante).

Y además resulta que todos los procedimientos (sin necesidad de cumplir ningún requisito) están paralizados, por lo que podemos responder ya una pregunta muy importante: ¿Me pueden echar de casa por no pagar el alquiler mientras dure el estado alarma? La respuesta es que NO, porque están todos los procedimientos suspendidos, y tampoco se puede iniciar ningún procedimiento por no pagar el alquiler y todo ello con independencia de la situación de cada inquino. Es más, incluso los procedimientos de desahucio de los okupas (que son los llamados desahucios por precario porque no hay un contrato) también están suspendidos, con independencia de lo injusto que nos parezca o urgente que nos parezca, y también las ejecuciones hipotecarias y todos los procedimientos que sean considerados urgentes.

Una vez aclarada esta cuestión, vamos a tratar de responder a la siguiente: ¿Una vez finalizado el estado de alarma, me pueden echar de mi casa por no pagar el alquiler?

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